"Tenemos que acostumbrarnos a la democracia", palabras de Abinader respecto a la marcha de Fuerza del Pueblo.
Un pulso político marcado por protestas, críticas y defensas
SANTO DOMINGO. — La reciente “Marcha del Pueblo”, convocada por Fuerza del Pueblo (FP) para protestar contra el alza del costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y la crisis en el sector agropecuario, volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la situación económica y social del país.
Encabezada por Leonel Fernández, la caminata fue descrita como un “plebiscito popular” ante lo que califican de “tormenta perfecta”: inflación, encarecimiento de bienes básicos, malas políticas agrícolas y abandono de productores nacionales.
Ante ello, el presidente Luis Abinader respondió con mesura desde su espacio de comunicación oficial, LA Semanal con la Prensa, señalando que las marchas y reclamos forman parte del ejercicio democrático y deben considerarse “normales”. Afirmó que el país cuenta con democracia y oposición, y dijo sentirse satisfecho de que exista ese espacio de crítica.
Para el gobierno, esas expresiones de desacuerdo no alteran su estrategia ni frenan sus planes. Abinader aseguró que su gestión continúa concentrada en mantener la estabilidad macroeconómica y en ejecutar políticas públicas, también con llamados a unidad en temas como inmigración y seguridad nacional – como lo hizo recientemente al reiterar su propuesta de un pacto nacional para atender la crisis migratoria regional.
La economía como eje de la controversia
El contexto económico actual añade complejidad al debate político. Reportes recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan que la economía dominicana enfrenta una desaceleración respecto a su dinámica habitual: tras años de crecimiento sostenido cercano al 5 %, el 2025 ha cerrado con un crecimiento proyectado alrededor de 3 %.
El organismo señala que, aunque los fundamentos macroeconómicos se mantienen relativamente sólidos — con buen nivel de inversión extranjera, estabilidad en la inflación y potencial para repuntar hacia 2026 — persisten riesgos internos y externos, entre ellos la volatilidad global y la vulnerabilidad a desastres naturales.
Para muchos en la oposición, esos números no reflejan la realidad vivida por el ciudadano común: el aumento de precios, la pérdida del poder adquisitivo y la deteriorada calidad de servicios públicos como electricidad, agua y transporte. Los críticos acusan al gobierno de privilegiar a importadores en detrimento del sector productivo nacional, y de no atender las necesidades reales de las familias dominicanas.
Una oposición buscando capitalizar el descontento
La FP ha aprovechado la movilización social para presentarse como alternativa. Fernández y otros dirigentes del partido insisten en que la marcha representa “la voz del pueblo” y denuncian una “crisis de credibilidad” del gobierno. Aseguran que el actual modelo ha dejado al país vulnerable a los vaivenes de la economía global, sin políticas de protección social o respaldo a los productores nacionales.
Además, la FP rechazó una advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) sobre posible propaganda anticipada durante la marcha, defendiendo su derecho constitucional a manifestarse y calificando la acción como ciudadana y pacífica.
Las voces opositoras apuestan a que este descontento se traduzca en respaldo electoral en 2028, cuando convocan a “un cambio real” de gobierno y de rumbo para la República Dominicana.
Gobierno apuesta al realismo macroeconómico y al pragmatismo institucional
Por su parte, la administración actual enfatiza su compromiso con la estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales —especialmente en sectores como el eléctrico—, y la atracción de inversión extranjera directa como motores para relanzar el crecimiento en 2026.
La retórica oficial destaca que los retos globales —como la incertidumbre financiera internacional y los efectos climáticos en sectores productivos— requieren medidas cautelosas, y que los números del FMI muestran que, con una política fiscal y monetaria prudente, el país conserva margen de maniobra para responder a esos desafíos.
Al mismo tiempo, el gobierno busca consolidar su legitimidad ante la ciudadanía presentándose como garante de la institucionalidad, capaz de gestionar inversiones, servicios públicos y responder a los problemas estructurales del país.
Un conflicto entre percepciones convergentes en crisis y discursos divergentes de rumbo
La actual coyuntura política dominicana pone en evidencia una tensión creciente: por un lado, un sector de la población —representado por la oposición— denuncia un deterioro real del bienestar socioeconómico y exige respuestas inmediatas; por el otro, el gobierno apela a la solidez de sus cifras macroeconómicas, prometiendo un repunte sostenido a mediano plazo si se mantienen las reformas.
Mientras tanto, esa tensión se expresa en las calles, en marchas, en discursos institucionales y en una batalla por construir narrativas: ¿quién representa mejor al pueblo? ¿Quién tiene la visión y los medios para encaminar el país hacia un futuro más justo y próspero? El pulso político sigue abierto, y muchos dominicanos esperan que las próximas decisiones —económicas, sociales, estructurales— clarifiquen ese camino.
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