Santo Domingo, 15 de enero de 2026.
En un movimiento de gran relevancia para la política judicial y la administración de justicia en República Dominicana, el presidente Luis Abinader promulgó el pasado 7 de diciembre de 2025 la Ley 97-25, que reforma integralmente el Código Procesal Penal. La reforma entró en vigor en los primeros días de enero de 2026 tras su publicación en la Gaceta Oficial, marcando un cambio profundo en los procedimientos penales y la forma en que se administra justicia en el país .
Un Código más moderno y alineado con estándares democráticos
La reforma sustituye a la normativa anterior (basada en la Ley 10-15) y tiene como base la Sentencia TC-0765-24 del Tribunal Constitucional, que exigía adaptar las reglas del proceso penal dominicano a los principios del Estado social y democrático de derecho. Esa sentencia, junto con criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia, impulsó un texto que busca:
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Agilizar los procesos judiciales, reduciendo retrasos y congestión en los tribunales.
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Fortalecer las garantías de defensa y derechos fundamentales en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta la fase de apelación.
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Implementar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como justicia restaurativa, acuerdos y procedimientos abreviados.
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Limitar los archivos provisionales a un máximo de dos años y establecer plazos razonables (cuatro años para casos ordinarios y cinco para complejos) para la conclusión de procesos judiciales.
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Mejorar la regulación de medidas de coerción, con criterios claros de necesidad, razonabilidad y estricta motivación judicial.
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Eliminar el denominado “nuevo juicio” en apelaciones, permitiendo a los tribunales superiores instruir el proceso conforme a las reglas del juicio con doble grado de jurisdicción real y funcional.
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Ampliar la posibilidad de acuerdos entre fiscales e imputados en cualquier fase del proceso, facilitando soluciones más rápidas en casos que no requieren juicio completo.
Estos cambios responden a la necesidad de adaptar el sistema penal dominicano —hasta entonces considerado lento y poco eficaz— a las exigencias actuales de justicia, derechos humanos y eficiencia procesal.
Profesionalización y derechos desde el inicio
Una de las novedades más destacadas es la activación temprana de las garantías del investigado, incluida la asistencia técnica integral para partes vulnerables y la posibilidad de solicitar contra peritajes con mayor facilidad. Esto responde a críticas históricas sobre la debilidad de las defensas técnicas en las etapas iniciales de los procesos penales.
Además, la introducción de criterios de oportunidad y justicia restaurativa busca descongestionar los tribunales y dar espacio a mecanismos que prioricen la reparación del daño y la solución del conflicto, especialmente en hechos con penas menores. Estas herramientas, antes limitadas a determinados supuestos, ahora se pueden aplicar con mayor flexibilidad y alcance.
Impacto institucional y político
La aprobación y promulgación de la Ley 97-25 es parte de una agenda más amplia de modernización del sistema judicial dominicano, que incluye también la reforma del Código Penal y otras normas conexas. Esto refleja una política pública promovida por el Ejecutivo en conjunto con el Legislativo, con el objetivo de mejorar la transparencia, celeridad y equidad del sistema de justicia.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, ha señalado que la reforma consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con la realidad institucional y los desafíos de la justicia contemporánea, incorporando principios que favorecen un equilibrio entre control judicial, respeto a los derechos y eficiencia procesal.
Reacciones de sectores jurídicos
Aunque la reforma ha sido recibida con aprobación por amplios sectores del gremio jurídico y parte de la sociedad civil, también ha generado debate entre expertos, especialmente sobre la aplicación práctica de algunos mecanismos de flexibilización procesal o la eliminación de ciertos procedimientos obsoletos. Esta discusión se da en paralelo con otras transformaciones legales, como la promulgación del nuevo Código Penal, que también modifica sanciones y clasificaciones de delitos.
Un paso hacia una justicia más eficiente
En conjunto, la reforma al Código Procesal Penal constituye uno de los cambios legales más relevantes en el ámbito judicial dominicano en años recientes. Su implementación apunta a resolver uno de los retos crónicos del sistema de justicia: la lentitud procesal que históricamente ha afectado la confianza ciudadana en los tribunales y la efectividad de la persecución penal.
La actualización no solo responde a mandatos constitucionales, sino que también busca fortalecer el Estado de Derecho, proteger los derechos de todas las partes en un proceso penal y adaptar el sistema dominicano a estándares comparables con los de países con sistemas judiciales más modernos.
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