El senador Antonio Taveras.
El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, solicitó al Ministerio Público aplicar la Ley de Extinción de Dominio en el caso SeNaSa, con el objetivo de recuperar los recursos sustraídos al Estado y evitar que algunos de los implicados negocien la devolución del dinero a cambio de impunidad.
Taveras Guzmán afirmó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que cualquier negociación con los acusados en el caso SeNaSa debe centrarse en las penas de prisión a cumplir, y no en acuerdos que permitan la libertad de los responsables a cambio de la devolución de fondos públicos.
«Toda persona o empresa que se haya enriquecido robando la salud del pueblo debe pagar tanto con el patrimonio obtenido de manera ilegítima como con cárcel. La negociación no puede basarse en devolver lo robado y dejar al responsable en libertad como si nada hubiera ocurrido», expresó el legislador, según una nota enviada por su oficina de prensa.
El senador explicó que la Ley de Extinción de Dominio, de la cual es autor, cuenta con mecanismos que permiten garantizar que los condenados entreguen todos los beneficios económicos no justificados, desde el inicio de su relación con SeNaSa hasta la fecha.
Taveras Guzmán recordó que la Ley de Extinción de Dominio en la República Dominicana (Ley 340-22) permite iniciar un proceso paralelo e independiente al proceso penal, lo que no afecta el curso de la investigación judicial y, además, agiliza la recuperación de los recursos públicos sin necesidad de esperar sentencias que pueden tardar varios años.
Indicó que, en un plazo menor a un año, el Estado puede recuperar parte de los fondos obtenidos de manera ilícita, al tiempo que se fortalece la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Asimismo, señaló que la normativa es una herramienta eficaz para incautar bienes de origen ilícito, destacando que el Ministerio Público ya ha identificado movimientos financieros vinculados al caso de corrupción, por lo que basta con asociar el origen ilícito de esos bienes a los hechos investigados para que puedan ser afectados, mientras se determina la responsabilidad penal.
Finalmente, sostuvo que la Procuraduría General de la República está legalmente obligada a iniciar procesos de extinción de dominio cuando existan indicios de hechos ilícitos y uso de bienes provenientes de estos, ya sea detectados durante una investigación penal o a partir de una denuncia formal.
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