Santo Domingo.– Lunes 15 de diciembre de 2025.
Legisladores de distintos partidos políticos cuestionaron este lunes acuerdos que, según denunciaron, habrían beneficiado a imputados vinculados al Caso SeNaSa, uno de los expedientes de presunta corrupción más sensibles del sistema de salud pública en los últimos años. Las críticas surgieron durante debates en el Congreso Nacional, donde diputados advirtieron sobre posibles debilidades institucionales y falta de transparencia en el manejo del proceso.
Los cuestionamientos se centraron en decisiones que, a juicio de los congresistas, podrían estar generando ventajas procesales a personas señaladas en la investigación sobre supuestas irregularidades administrativas y financieras en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Algunos legisladores expresaron preocupación por el mensaje que estas acciones envían a la ciudadanía en materia de lucha contra la corrupción.
Representantes de la oposición señalaron que los acuerdos deben ser explicados con claridad y sustentados en criterios estrictamente legales, para evitar la percepción de impunidad. Afirmaron que, tratándose de un caso que involucra recursos públicos destinados a la salud de millones de dominicanos, el Estado tiene la obligación de garantizar un proceso transparente y sanciones ejemplares si se comprueban responsabilidades penales.
Desde el oficialismo, algunos diputados defendieron el respeto al debido proceso y recordaron que las decisiones judiciales y administrativas deben ajustarse al marco legal vigente. No obstante, coincidieron en que el Ministerio Público debe ofrecer información oportuna y detallada que permita despejar dudas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
El Caso SeNaSa ha generado amplio interés público debido a la magnitud de los fondos presuntamente involucrados y a su impacto directo en el sistema de seguridad social. Organizaciones de la sociedad civil y sectores profesionales han reiterado su llamado a que las investigaciones se conduzcan sin interferencias políticas y con apego a la ley.
Los legisladores indicaron que darán seguimiento al desarrollo del caso y no descartaron la posibilidad de impulsar iniciativas desde el Congreso que fortalezcan los mecanismos de fiscalización y control del gasto público en el sector salud. Mientras tanto, el debate político en torno al expediente continúa marcando la agenda nacional y alimentando la discusión sobre la efectividad de las políticas anticorrupción en la República Dominicana.
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