Partidos y sectores sociales rechazan proyecto de fusión ministerial en República Dominicana

Diversos partidos políticos y sectores de la sociedad civil expresaron este martes su rechazo al proyecto de fusión ministerial sometido a consideración del Congreso Nacional, al advertir que la iniciativa carece de consenso, profundidad técnica y un debate amplio que permita evaluar su impacto institucional y social.

Las críticas se han centrado, principalmente, en la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), una medida que, según sus detractores, podría debilitar la gestión educativa y generar confusión administrativa en un sistema ya complejo.

Dirigentes de partidos de oposición sostuvieron que la fusión no debe abordarse únicamente desde una perspectiva de ahorro presupuestario, sino considerando las funciones específicas, los marcos legales y los retos particulares de cada institución. A su juicio, una reestructuración de esa magnitud requiere estudios técnicos exhaustivos, consultas con especialistas y la participación activa de la comunidad educativa.

Organizaciones sociales, gremios de profesores y representantes del sector académico también manifestaron su preocupación, señalando que el proyecto podría afectar la calidad de las políticas públicas en educación y limitar la capacidad del Estado para atender de manera diferenciada los niveles preuniversitario y superior. Alertaron, además, sobre posibles impactos laborales y administrativos que no han sido claramente explicados.

Desde algunos sectores del oficialismo se ha defendido la necesidad de modernizar el Estado y reducir la duplicidad de funciones, aunque se ha reconocido que el proyecto debe ser objeto de mayor diálogo y socialización. Legisladores oficialistas indicaron que cualquier reforma institucional debe construirse sobre la base del consenso y el interés nacional.

El rechazo al proyecto ha reavivado el debate sobre la reforma del Estado y la eficiencia de la administración pública, poniendo sobre la mesa la necesidad de equilibrar la racionalización del gasto con la preservación de servicios esenciales y la calidad de las políticas públicas.

Ante el creciente cuestionamiento, partidos y organizaciones sociales reiteraron su llamado al Congreso para que el proyecto sea ampliamente discutido o, en su defecto, replanteado, a fin de garantizar que cualquier decisión responda a criterios técnicos, transparencia y participación democrática.