Santo Domingo.– Miércoles 17 de diciembre de 2025.
La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana advirtió este miércoles que la corrupción continúa siendo un problema profundamente arraigado en la República Dominicana, pese a los avances institucionales y a los discursos oficiales en favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
La advertencia está contenida en un pronunciamiento público en el que la entidad señala que, aunque se han registrado mejoras en el fortalecimiento de algunos órganos de control y en la visibilización de casos de corrupción, persisten prácticas estructurales que limitan una lucha efectiva contra el uso indebido de los recursos públicos.
Participación Ciudadana subrayó que la corrupción no se reduce únicamente a hechos aislados, sino que responde a debilidades históricas en los sistemas de control, a la lentitud de los procesos judiciales y a la falta de sanciones firmes y oportunas. En ese contexto, alertó que la percepción de impunidad continúa afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
La organización también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público, garantizar mayor transparencia en las contrataciones públicas y mejorar los mecanismos de fiscalización del gasto estatal, especialmente en sectores sensibles como la salud, la educación y la seguridad social.
Asimismo, Participación Ciudadana exhortó a las autoridades a asumir la lucha contra la corrupción como una política de Estado sostenida en el tiempo, más allá de coyunturas políticas o presiones mediáticas. Indicó que los avances reales solo serán posibles si se combinan voluntad política, marcos legales efectivos y una ciudadanía activa y vigilante.
El pronunciamiento se produce en medio de un clima de debate nacional marcado por investigaciones de alto perfil y cuestionamientos a la gestión de los recursos públicos, lo que ha reavivado la discusión sobre la calidad institucional y la necesidad de reformas profundas.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso de continuar observando, denunciando y promoviendo buenas prácticas en la administración pública, al tiempo que instó a los poderes del Estado a cumplir su rol con apego a la ley y al interés colectivo.
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