El Senado dominicano dio luz verde a la nueva versión del Código Procesal Penal, en medio de debates y críticas por sus implicaciones.
El Senado de la República aprobó este viernes la reforma integral del Código Procesal Penal (CPP), dando paso a una de las modificaciones legales más discutidas de los últimos años. La aprobación se produjo a pocos días de vencer el plazo constitucional para decidir sobre la pieza, lo que generó presiones y un intenso debate público.
La iniciativa legislativa fue aprobada a unanimidad, pese a que sectores judiciales, organizaciones sociales y expertos en derecho penal habían advertido sobre posibles retrocesos en garantías fundamentales, así como debilidades en la protección de los derechos procesales de los ciudadanos.
Entre los puntos más cuestionados se encuentran los cambios en las medidas de coerción, los nuevos plazos procesales y la redefinición del rol del Ministerio Público en determinadas etapas de la investigación. Para algunos juristas, estas modificaciones podrían afectar el equilibrio entre la persecución penal y el respeto al debido proceso.
Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Justicia y crítico de la propuesta, reiteró un llamado al Congreso para “replantear la reforma y evitar que se apruebe sin los ajustes necesarios para garantizar la seguridad jurídica del país”. Otros sectores sostienen que el nuevo CPP introduce actualizaciones necesarias para agilizar los procesos judiciales y reducir la mora en los tribunales.
La aprobación de la reforma se produce en un contexto marcado por preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad, presión por un sistema penal más eficiente y debates sobre el poder del Ministerio Público.
Se espera que, tras la decisión del Senado, el Poder Ejecutivo proceda con la promulgación del nuevo Código en los próximos días, lo que abrirá paso a su implementación gradual en todo el sistema de justicia penal.
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