Persisten las críticas hacia la nueva reforma del CPP y a la forma en que fue aprobada
Un día después de la aprobación en el Senado de la reforma al Código Procesal Penal (CPP), continúan surgiendo denuncias de irregularidades, cuestionamientos al proceso legislativo y preocupaciones por el impacto que la nueva normativa podría tener en el sistema de justicia dominicano.
Diversos sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho penal criticaron la forma “acelerada” en que el proyecto fue aprobado, a pocos días de vencer el plazo constitucional. Alegan que la discusión pública fue insuficiente y que no se incluyeron propuestas presentadas por instituciones jurídicas interesadas en fortalecer la transparencia y el debido proceso.
Algunos abogados y académicos aseguran que la reforma contiene disposiciones que podrían reducir los controles sobre la actuación del Ministerio Público, flexibilizar medidas de coerción y abrir espacio a decisiones discrecionales que afectarían la seguridad jurídica. Estos señalamientos han alimentado la percepción de que el CPP fue aprobado sin un consenso real ni un análisis técnico profundo.
Organizaciones anticorrupción también han expresado inquietudes, advirtiendo que ciertos artículos del nuevo código podrían facilitar prácticas irregulares dentro de la administración de justicia, especialmente en lo referente al manejo de evidencias, plazos procesales y acuerdos entre las partes.
Mientras tanto, legisladores que respaldaron la reforma defienden que el nuevo CPP permitirá agilizar procesos, combatir la mora judicial y modernizar procedimientos que estaban desfasados. No obstante, los críticos sostienen que las mejoras propuestas no justifican las debilidades señaladas y que el país podría enfrentar nuevos desafíos institucionales si no se revisan puntos clave antes de su entrada en vigencia.
La tensión en torno a la reforma continúa creciendo, mientras distintos sectores reclaman mayor transparencia y un análisis público más amplio para garantizar que el nuevo Código Procesal Penal refuerce, y no debilite, el sistema judicial dominicano.
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